Thierry Ways

columnas de opinión, artículos, textos

Hablar de otras cosas

La llegada al poder de cada uno de los gobiernos de la Colombia reciente la podemos resumir en uno o dos hechos sobresalientes. A Gaviria lo elegimos porque la familia Galán lo designó para recoger las banderas del líder asesinado. A Samper lo elegimos por el impulso que le dio el Cartel de Cali. A Pastrana lo elegimos gracias al empujón que le dio ‘Tirofijo’ días antes de la segunda vuelta y para no elegir a Serpa, que era la continuación de Samper. A Uribe lo elegimos por el fracaso de lo fraguado entre Pastrana y ‘Tirofijo’; y para no elegir a Serpa. Luego lo reelegimos porque su popularidad le alcanzó para sacar adelante una cuestionable enmienda constitucional. A Santos lo elegimos porque fue “el que dijo Uribe”. Y lo reelegimos no tanto por la paz, que no le hubiera alcanzado para ganar, sino porque los ‘ñoños’ y otros políticos de la Costa pusieron los votos que le hacían falta para la segunda vuelta, que, increíblemente, iba a perder.

¿Qué debates o sucesos decidirán el nombre del próximo presidente o presidenta de Colombia?

Esperemos que no sea ‘la paz’. Desde este espacio he criticado el alto costo institucional que tiene el acuerdo con las Farc, pero hacer de eso el tema central de las próximas elecciones es poco productivo. El acuerdo es como una señora que conozco que se hizo una cirugía plástica facial con resultados menos que armoniosos: una segunda intervención para corregir la primera no parece lo más razonable. Mejor tomemos lo bueno que dejó la negociación, como la desmovilización de las Farc, y ajustemos en el camino lo que se pueda.

Tampoco creo, a diferencia de mucha gente, que el asunto principal deba ser ‘la corrupción’. La corrupción, así, en abstracto, no sirve para diferenciar a un aspirante de otro, porque todos están en contra: no hay ningún candidato ‘procorrupción’. La pregunta podría ser, más bien, cuál de ellos tiene más credibilidad o mejores ideas para combatirla. Pero hasta el momento todos se han dedicado a repudiarla —saludo a la bandera— y ninguno a proponer alternativas creíbles. La candidata Claudia López es quien más ha avanzado en ello, pero sus propuestas me parecen ineficaces. No atacan los carruseles de magistrados, ni el clientelismo, ni las curules en cuerpo ajeno, ni la contratocracia, ni la manera como el propio gobierno incentiva la ilegalidad con su maraña de normas y tributos. Mientras sigan intactas las raíces del mal, seguirán naciendo sus odiosas ramas.

Colombia necesita, ante todo, educarse, desarrollarse y reducir su tasa de pobreza. Para eso, recuperar lo que se pierde por corrupción es necesario —a más de una obligación moral—, pero insuficiente. Y corregir el acuerdo de paz tampoco va a solucionar los problemas profundos del país. Enfrascarnos en esas dos obsesiones es un error, que algunos usarán a su favor.

Deberíamos hablar, más bien, o además, de una tributación aliada y no enemiga de la competitividad; de una estrategia para disparar la productividad del país; de cómo demonios hacer para higienizar la justicia; y de una política de seguridad de frente a los conflictos del posconflicto, que ya comienzan. Y hay más temas, sin duda; esos son apenas los que me desvelan a mí. Pero sea de estos o de otros, es hora de que hablemos de otras cosas.

Un costoso harakiri

Cuando creíamos haber tocado cantinflesco fondo, con la imputación de corrupción al jefe anticorrupción de la Fiscalía, surgen nuevas investigaciones a dos de los senadores más votados del país, a otro senador que además es presidente de un partido y a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia —sí: ‘Suprema’— por diversas trampas y tramoyas. Pone a prueba nuestra credulidad que de repente la prensa nacional se exalte y se indigne, como si se acabara de enterar del actuar de funcionarios que venían siendo cuestionados desde hace tiempo. Pero es que, hasta que aparecieron los gringos con las pruebas, fueron consentidos del gobierno e intocables para la prensa.

Tomemos, por ejemplo, al exmagistrado José Leonidas Bustos. A pesar de las denuncias que la periodista Salud Hernández-Mora hacía repetidamente en su contra, la revista Semana no tuvo reparos en bautizarlo “el magistrado que Santos necesita para la paz”. Y ningún medio se inmutó cuando dijo que “el derecho no puede ser un obstáculo para la paz”, peregrina ocurrencia que algunos colegas suyos calificaron de potencial golpe de Estado.

Comparemos eso con el trato que recibió otro jurista emproblemado, el exmagistrado Jorge Pretelt, y veremos que el favor mediático del que gozaran las figuras públicas durante el último lustro era el resultado de una ecuación con una sola variable: su entusiasmo por la negociación del gobierno y las Farc. Pretelt tenía fama de uribista y como tal fue tratado: la prensa se ensañó con él. Los ‘Ñoños’, ‘Musas’ y Bustos eran nobles defensores de la paz y, como tales, gozaron de presunción de puridad.

No es que fuera pecado apoyar la negociación. Pero para nadie es secreto que este gobierno fue, entre otras cosas, el gobierno de la pauta publicitaria. Nunca antes se vertió tanto dinero público sobre los medios de comunicación, en especial los capitalinos. Según cuentas que hice para una columna anterior, por varios años el vertimiento alcanzó el millón de dólares diarios.

Si el silencio ante las sospechas que ensombrecían los apoyos al acuerdo en La Habana fue pagado con pauta, la prensa nacional es cómplice y coadyuvante del naufragio que estamos presenciando. Me refiero a la desinstitucionalización casi total del país, consecuencia de la compra de patrocinios a una negociación que no tenía suficiente respaldo popular. Los partidos políticos, el Congreso, las Cortes, la justicia en general, el Ejecutivo, la economía, los gremios, la educación, la competitividad, el deporte, la ciencia, la propia prensa: todos sacrificaron la credibilidad o la cartera —o ambas— en el altar de la paz. Pero algo está saliendo mal, porque la paz es orden, y Colombia está en caos.

Lo más triste de todo es que el desmantelamiento institucional, incluyendo el papel que jugó la prensa en él, fue financiado con nuestros impuestos. Es como si hubiéramos adquirido un puñal de oro y piedras preciosas para hacernos un costoso harakiri nacional. O, como diría Nicolás Maduro, un ‘autosuicidio’ colectivo.

Me dicen algunos amigos —personas serias, inteligentes, bienintencionadas— que esos son los costos de desmovilizar a la guerrilla. Pues comienzan a parecer demasiado altos. Y eso que apenas estamos comenzando a pagarlos.

¿Y las pensiones?

La nave del Estado crujía bajo el peso de los toneles de mermelada que la tripulación deglutía sin saciarse, pero el capitán ordenó que, pasara lo que pasara, el pesado bulto del acuerdo con las Farc debía protegerse. Hubo entonces que desprenderse de las demás encomiendas, para que no estorbaran. Se sacrificaron importantes preocupaciones, como la competitividad y la justicia. Y cualquier día, sin avisar, se arrojó por la borda el incómodo fardo de las pensiones. Que viniera otro y lo recogiera.

Colombia tiene dos regímenes pensionales, uno público y uno privado. El privado no está exento de problemas, pero el público es el que le quita el sueño a los analistas financieros, pues encierra riesgos que ponen en juego la estabilidad fiscal del país.

Hay dos dilemas principales. Por un lado, la esperanza de vida de los colombianos ha aumentado de 69 años, cuando se creó la ley 100, a 75, hoy. Esa es una excelente noticia, pero el sistema pensional no ha crecido al ritmo necesario para cubrir esos años de vida adicionales.

Por otro lado está la crónica informalidad laboral del país. El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario calcula que el 65% de los trabajadores colombianos son informales. En otras palabras, de tres personas ocupadas, solo una aporta para su pensión.

Esa tenaza —longevidad e informalidad— va a romper el sistema. Nos espera “una catástrofe social y financiera”, afirma Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras. Para 2050, advierte, solo 6% de los colombianos económicamente activos podría pensionarse. (En ese selecto grupo están, eso sí, los altos funcionarios del Estado, con mesadas que hoy rondan los 20 millones de pesos).

Lo irónico es que, no obstante el pésimo cubrimiento, las pensiones consumen más del presupuesto nacional que casi cualquier otro rubro. En 2018 el gasto pensional se proyecta en 41 billones de pesos, más de lo que invertirá el Estado en salud, educación o defensa. Uno de cada tres pesos de nuestros impuestos se gastará en ellas.

Urge una reforma, no cabe duda, pero ninguna medida bastará mientras persista la informalidad laboral. Sin aportantes hoy, no puede haber pagos mañana, punto. Por eso, más importante aún que la reingeniería del sistema, es estimular el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, un camino del que, infortunadamente, nos estamos desviando.

La última reforma tributaria —consecuencia del mal manejo del auge y declive del boommineroenergético— frenó la inversión y el crecimiento. Eso por sí solo es grave, pero que, al mismo tiempo, el país vire hacia mayor inflexibilidad laboral, como lo viene haciendo, es ya insensato. Casi a diario aparece alguna nueva norma o exigencia que deben cumplir los empleadores. Por esa vía se estimula la informalidad y los empleos que necesita el país quedan sin crearse.

Entretanto, la población envejece. A este paso, llegará el momento en que será imposible que el Estado cumpla su compromiso con los jubilados. Este gobierno no causó el problema, pero tampoco lo enfrentó. El juego parece ser pasarse el paquete pensional de gobierno en gobierno, sabiendo que contiene una bomba de tiempo… y rezar porque no le toque a uno el estallido. Pero ese juego se acaba un día.

Transplante de corazón

Desoyendo los reclamos de gobiernos de la región y de la comunidad internacional, y desafiando la voluntad de siete millones de venezolanos que le exigieron, a través de una consulta popular, que no lo hiciera, Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente que tiene como finalidad consolidar su poder. Para mayor ilegitimidad de la misma, la empresa Smartmatic, que fabrica las máquinas electrónicas de votación con que se eligió a los asambleístas, afirmó que “no había dudas” de que los resultados fueron manipulados. Según la firma, el fraude sería de al menos un millón de votos.

Nada de eso parece incomodar mucho a la izquierda local, la cual, a excepción de la senadora Claudia López, ha respondido con evasiones, rodeos y medias tintas. Pensé que los últimos hechos harían inevitable un pronunciamiento en contra de Maduro, pero sobrestimé la coherencia ideológica de quienes dicen abogar por los pobres y los necesitados. Algo más fuerte que la integridad une a la izquierda latinoamericana con el chavismo. Algo… ¿estratégico?, ¿ideológico?, ¿romántico?, ¿monetario?

No lo sé. Pero sé que a los colombianos debe importarnos la posición de la izquierda nuestra frente a la situación venezolana, por una sencilla razón: porque sus ideas y propuestas ya fueron ensayadas allá, con catastróficas consecuencias. Me refiero, por mencionar algunas, a la estatización de los medios de producción, a la sustitución de importaciones por producto local (muchas veces inexistente o más caro), al control de precios, a la “democratización” (léase ideologización) de los medios de comunicación, a la satanización del sector privado, al antiyanquismo recalcitrante y a la promoción de la lucha de clases. Todo eso ya se probó. Y ya vimos como terminó.

No es cierto —para salir al paso de un argumento muy popular— que el experimento sí haya funcionando en Ecuador. Si la situación ecuatoriana es menos dramática, es porque Rafael Correa fue menos insensato que sus colegas venezolanos y no profundizó su “revolución” al mismo grado que ellos. Pero no hubo ningún “milagro ecuatoriano”, como se dice a veces, sino algo bastante prosaico: un aumento desbordado del gasto público que se financió con dólares y deudas. Los dólares se agotaron y las deudas, quién lo creyera, hay que pagarlas. El presidente Lenín Moreno —correísta, para más señas—, acaba de advertir que la situación económica de su país es “crítica”.

En las encuestas de opinión, figuras de izquierda, como Gustavo Petro, Claudia López y Clara ídem, hoy ocupan los primeros lugares en intención de voto para las presidenciales de 2018. A todos les haría la siguiente pregunta: ¿en qué se diferencian sus propuestas de las que ya se aplicaron en Venezuela y llevaron a la ruina a esa otrora enérgica nación? Porque si no hay diferencias, sería bueno que la ciudadanía lo supiera desde ahora.

Si la izquierda colombiana quiere ser una alternativa creíble de poder, debe marcar distancia con el chavismo y explicar cómo, si llega a triunfar, su gobierno sería distinto. Dudo que lo haga. La izquierda criolla tiene al socialismo del siglo XXI clavado en el corazón, y el transplante de ese órgano es un procedimiento delicado y difícil. Pero ojalá lo intente, por el bien de ella y por el del país.

Imagen: heartbeat, por Rosmarie Voegtli. Licencia CC BY 2.0.

Momento de solidaridad

En mayo de 1940, una fila de miles de personas marchaba por los caminos del norte de Francia con sus enseres a cuestas, huyendo del ejército alemán, que había alcanzado la región de Amiens. Una de ellas, un niño de 11 años tirando de una carretilla en la que iba su hermana menor, era mi padre. Porque conozco esa historia, porque mis antepasados conocieron el dolor del desplazamiento y el destierro, no me pueden ser indiferentes las imágenes de venezolanos cruzando la frontera para conseguir comida en Colombia. Ni deben serle indiferentes a nadie.

Cuando el presidente Santos pronunció la célebre frase sobre Hugo Chávez, “mi nuevo mejor amigo”, muchos aplaudieron el pragmatismo del mandatario colombiano, gracias al cual se repararían las relaciones comerciales entre los dos países, que se habían estropeado durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Ahora sabemos que la única función de esa epidérmica amistad fue lograr el apoyo de Chávez, y luego de Maduro, a la negociación con las Farc, y nada más. El comercio exterior siguió cuesta abajo y hoy, si acaso, es el 10% de lo que era hace 10 años. En cuanto a las buenas relaciones diplomáticas, aguantaron hasta que se secó la tinta en los acuerdos de La Habana. Desde entonces, Maduro no ha hecho sino dirigirle a Santos insultos cada día más descocados, que nuestro presidente ha hecho bien en no responder.

Así paga el diablo a quien bien le sirve. Pues, a diferencia de la era Uribe, cuando el propio Santos censuraba con firmeza al régimen chavista, en los últimos años Colombia guardó silencio mientras el puño de la dictadura se cerraba alrededor de la democracia venezolana. Llegamos, incluso, a deportar opositores que se habían refugiado acá, sabiendo que seguramente serían torturados en su país. Santos habrá sido el mejor amigo de Chávez, pero fue un pésimo amigo del pueblo venezolano.

Hoy que la tiranía prepara una nueva vuelta de tuerca, Colombia enfrenta la posible llegada masiva de venezolanos huyendo del paraíso socialista. Y ya se escuchan, por aquí y por allá, en voz baja pero cada día con más fuerza, expresiones de rechazo, de prejuicios, de xenofobia, llamamientos a impedir que lleguen esos extranjeros a quitarnos nuestros empleos. Nos indigna que Europa le cierre las puertas a los refugiados sirios, o que Trump pretenda construir un muro en la frontera mexicana, pero cuando la frontera franqueada es la nuestra, el nacionalismo nos toma la delantera.

Digámoslo, entonces, muy alto: no es momento de mezquindades, sino de solidaridad. Colombia puede y debe ofrecer ayuda, bajo condiciones dignas y amables, a quienes lleguen buscando amparo del naufragio chavista. Los motivos humanitarios no hace falta explicarlos. Pero no son los únicos. Nuestra incorregible especie se reconoce por su proclividad a repetir errores del pasado. El caso de Venezuela —el previsible fracaso de un ensayo más del experimento colectivista— es buen ejemplo de ello.

Por eso mismo debemos tratar a nuestros vecinos como quisiéramos ser tratados en similares circunstancias: porque cualquier día la insensatez humana se puede ensañar con nosotros. Y seremos nosotros entonces quienes tendremos que cruzar una frontera o echarnos a los caminos, con la maleta y los recuerdos como único patrimonio en la vida.

A los medios de en medio

No sé si a alguien más le pareció extraño el tono de la carta que un grupo de periodistas y comunicadores le dirigió a Álvaro Uribe. Todo comenzó con un destemplado trino, en el que el expresidente llamó “violador de niños” al columnista Daniel Samper Ospina, una acusación sin fundamento. Ha debido retractarse, pero no lo hizo, y Samper, con todo el derecho, se declaró injuriado. De inmediato, sus colegas publicaron una carta, titulada “Punto final”, apoyando a Samper y denunciando a Uribe.

A la carta no le falta justificación, pero, repito, el tono del texto es llamativo. Rezuma enojo y exasperación. Por momentos alcanza una elevada nota histérica, como una soprano poniendo a temblar la cristalería. Y cierra con una imputación de tinte telepático: “Pero él [Uribe] sabe todo esto”. No parece redactado por profesionales de la palabra, acostumbrados a usar el lenguaje con solvencia y sobriedad, sino por alguien a quien se le ha saltado un fusible.

Uribe, al igual que Donald Trump en Estados Unidos, tiene el poder de sacar de quicio a la prensa, y no solo por el contenido de sus trinos. Tradicionalmente, los grandes medios de comunicación han sido los celadores del discurso público: ellos decidían qué era noticia y qué no. Pero hoy, gracias al internet, figuras como Trump y Uribe pueden esquivar al celador y producir la noticia directamente, sin la ayuda o el filtro de la prensa. Es decir, sacan a los medios de en medio. Al rivalizar con ellos por el control de la narrativa y la captura de la audiencia, se vuelven sus competidores.

Tienen razón los periodistas en exigir que ese poder se use de forma responsable. Pero ¿y la responsabilidad de los periodistas? Para la ciudadanía no pasó desapercibido el flagrante gobiernismo de la prensa capitalina en los últimos años, que coincidió con un desaforado y nunca antes visto dispendio en publicidad estatal. Lo lamento por los firmantes de la carta, pero el sector al que representan no tiene, en este momento, la credibilidad de su lado.

Para tener credibilidad hay que tener coherencia. ¿Cuántas de esas firmas no usaron el poder de la pluma y el micrófono para desestimar las críticas a la negociación con las Farc, gracias a la cual serán indultados quienes —ellos sí— cometieron violación de menores a gran escala? El repulsivamente apodado ‘enfermero’ de las Farc, por ejemplo, autor de atroces abortos artesanales en cientos de niñas, podría aspirar, si así lo desea, al Senado de la República. Y como si fuera poco, la guerrilla acaba de anunciar —pero no se escuchó en la trapatiesta de cartas, trinos y contratrinos— que no liberará al resto de menores que tiene en sus filas. ¿Dónde está la exigencia de “punto final” a las burlas de las Farc y la laxitud del gobierno?

Para tener credibilidad hay que tener, además, sentido de la proporción. Qué es peor: ¿acusar falsamente a alguien de violación de menores? ¿O la violación de menores propiamente dicha, y no una vez, sino de manera masiva, repetida y sistemática? A la gran prensa nacional le pareció serísimo lo primero, e indultable lo segundo. No se extrañen los comunicadores, pues, de estar perdiendo la confianza del público. Y eso fortalece, ni más ni menos, a quienes hoy les disputan el monopolio de la información.

De tiranos y tranvías

La teoría de Abelardo de la Espriella, que para salvar a Venezuela hay que eliminar a Nicolás Maduro, es, a pesar del revuelo que causó, tan solo una versión contemporánea de un viejo problema filosófico. O, más bien, de una categoría de problemas, que se conocen como ‘dilemas de tranvía’.

Esta es una de sus versiones. Usted advierte con espanto que un tranvía sin frenos está a punto de embestir y matar a cinco obreros trabajando en los rieles. A su lado hay un señor muy gordo, tan gordo que, si usted lo empujara sobre la vía, el tranvía, al matarlo a él, se descarrilaría y los obreros sobrevivirían. ¿Empujaría usted al señor gordo? ¿Se justifica sacrificar una vida por salvar cinco?

Hay quienes dicen que sí, lo empujarían. A ellos se les llama ‘consecuencialistas’, pues consideran que la moralidad de un acto depende de sus consecuencias, y es preferible que muera uno a que mueran cinco. Muchos otros dicen que no, que nadie tiene derecho a decidir la muerte de otra persona. Esos son los ‘deontologistas’ o ‘categóricos’. Para ellos, hay principios sagrados que no se pueden violar bajo ninguna circunstancia.

Nuestra época tiende a la deontología, pues el consecuencialismo, bajo el argumento del ‘mal menor’, se presta para violar los derechos humanos, que son el fundamento moral de la era moderna. De ahí que el tiranicidio recetado por De la Espriella —una salida consecuencialista—, hubiera causado tanto rechazo.

Pero ni crean los categóricos que, así como así, pueden lavarse las manos. La deontología no exime de responsabilidades y, como demuestra el dilema del tranvía, no hacer nada también puede tener consecuencias fatales. Se equivocan quienes creen que tienen ganada la partida de la decencia simplemente porque exclaman “¡No matar!” y luego, apoltronados en la suficiencia moral, miran por televisión cómo otros sufren y mueren por culpa de la permanencia del tirano.

En vez de hacer alarde de virtud porque —decimos— jamás violaríamos el quinto mandamiento, más valdría encarar la dura pregunta: ¿qué podemos hacer, que no sea matar (ya que eso nos lo hemos prohibido porque nos envilece, porque nos deshumaniza), para reducir el sufrimiento de los pisoteados por la dictadura? ¿Insistiremos en el diálogo que promueven el Papa y los gobiernos de la región, a sabiendas de que el régimen lo aprovecha para enfriar la protesta callejera y mantener el poder? No escuché a ninguno de los críticos de De la Espriella proponer nada distinto a medidas que ya han fracasado. O proponer nada, en realidad.

Yo no estoy de acuerdo con el maduricidio porque —hijo de mi tiempo, al fin y al cabo— me criaron, deontológicamente, entre los mandamientos de Dios y los Derechos del Hombre. Pero, además, porque sería ineficaz. El problema de Venezuela no se llama Nicolás Maduro, sino chavismo, o socialismo del siglo XXI o socialismo, a secas, que es lo que viene siendo. El mismo de Cuba, la Unión Soviética y Corea del Norte. El que promete utopías y reparte penurias.

Mientras persista el modelo económico, Venezuela seguirá tejiendo el velo negro de la desesperanza. Así caiga el bigotudo bolchevique. La batalla no es contra un hombre, sino contra una ideología falaz. Y las falacias no se derrotan de un balazo, sino de un encontronazo con la verdad.

Imagen:  San Francisco: the Powell & Market cable car on Hyde Street, por  Astronautilus. Licencia CC BY 2.0.

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